“Sin duda el Estado debe centrar sus actuaciones, no en las que conducen al empobrecimiento de los ciudadanos, sino en aquellas que permiten mejorar y garantizar la competitividad de las Administraciones, las organizaciones en general de las empresas en particular”.

El pasado viernes conversando con un amigo, cofundador del Cercle per al Coneixement, surgió la noticia de que la Deuda Pública española se había incrementado en más de 6.000 millones en junio, situándose en 943.702 millones, lo que equivale al 90,3% del PIB. Lejos queda aquel endeudamiento del 36,3% del PIB de antes de iniciarse la crisis, lo que evidencia tanto la lentitud con que se abordó la crisis en España, como el hecho de que sólo con políticas de recortes es un desafío imposible frenar el endeudamiento público.

Nadie ignora que salir de la crisis exige por un lado que disminuyan los intereses de la deuda –disminuyendo los costes de financiación se genera confianza en el futuro– y que también lo haga el importe de las prestaciones por los subsidios del paro, (que al igual que los intereses de la deuda se aproximan a los 30.000 millones), por disminuir las tasas de paro; y por otro lado es preciso incrementar los ingresos del Estado. El aumento de los ingresos tiene que huir de incrementar los impuestos, que lastran el consumo e incrementan los costes, y fundamentarse en los recursos derivados del incremento de la actividad productiva y el consumo debido a la creación de empleo.

Después de unos breves momentos de silencio pensando en lo que comportaba el volumen de endeudamiento, mi interlocutor me dijo: “Leyendo tu último articulo El coste laboral no es la clave, sé que discreparás conmigo pero, hoy por hoy, para incrementar la actividad es preciso competir, y para ello es imprescindible disminuir el coste de los salarios”. Obviamente su afirmación no resistía ningún análisis comparativo del coste medio por hora trabajada entre los países que configuran la Zona Euro, especialmente entre aquellos que tienen un PIB significativo. En esta línea, recordar que España tiene un coste medio por hora trabajada de 21,88€, un importe mucho más bajo que el de países con los que competimos, como Alemania o Francia, donde el coste medio por hora trabajada se sitúa por encima de los 35€, muy lejos de los 52,61 €/h de Noruega, o de los 40,66 €/h de Bélgica.

Después de debatir sobre el binomio productividad y competitividad, y reconociendo que España había liderado el incremento de productividad en la zona euro al crecer un 11,1% desde 2008, cambiando la tendencia del periodo 1996-2007, en el cual Alemania incrementó su productividad cuatro veces más que España, nuestra conversación derivó hacia como alcanzar la competitividad, en la línea del libro “la competitividad y sus claves”, publicado en 2007, y surgido de sesiones de análisis y debate entre socios del Cercle per al Coneixement. Concluimos que la competitividad únicamente se alcanza, cuando las organizaciones gestionan de forma integrada la capacidad de innovar, los sistemas y procesos para ser productivos, y utilizan las ventajas de los mercados globales.

Ciertamente en un entorno de competencia global, y en un planeta sobrexplotado y abierto, las organizaciones y colectivos humanos deben ser muy productivos. Por ello, reducir los gastos de las Administraciones, haciendo más con menos, y pensando en los ciudadanos es indispensable. Pero también lo es el apoyo decidido a la economía productiva con la finalidad de desterrar las tendencias que han caracterizado el modelo de desarrollo español. Un crecimiento fundamentado en aceptar una baja productividad compensada, en parte, por el número de horas trabajadas; a no utilizar las capacidades asociadas a los incrementos del capital humano surgido de las universidades, certificando que en España el talento apenas se valoraba como lo evidencian los salarios de las personas más cualificadas. Sin olvidar tampoco que no se valora el I+D+i, ya que se le asignan escasos volúmenes de recursos, incluso en las épocas de bonanza económica, ni que se permitió la destrucción de una parte importante de la industria que, durante décadas, fue el motor de progreso y generación de ocupación. Todo ello en un marco de políticas impositivas que graban en exceso la actividad de las PYMES, auténtica columna vertebral de la generación de valor del Estado. Hay que reconocer que en España se instauró una cultura caracterizada por el anhelo en ser funcionario, más que empresario.

Políticas de crecimiento económico que nos hicieron extremadamente vulnerables a las fluctuaciones de los mercados y que han conllevado menos calidad de vida, salarios desajustados a las medias europeas, menor poder adquisitivo que el de otros países. Estos saben aprovechar las oportunidades de los mercados y extraer productividad a las inversiones tecnológicas, así como competitividad de los avances científicos.

Sin duda el Estado debe centrar sus actuaciones, no en las que conducen al empobrecimiento de los ciudadanos, sino en aquellas que permiten mejorar y garantizar la competitividad de las Administraciones, las organizaciones en general y de las empresas en particular. Para ello es requerido actuar de forma coordinada y simultánea, introduciendo mejoras continuas en la productividad, utilizando intensivamente el conocimiento y disponiendo de modelos organizativos más flexibles. Actuaciones que exigen voluntad y capacidad para asumir cambios en los sistemas de producción, en la organización, en la gestión empresarial, y muy especialmente en la valoración de los recursos humanos, ya que los nuevos escenarios les confieren un rol determinante para alcanzar los éxitos diferenciales independientemente de su tamaño o sector de actividad.

Para toda sociedad lograr el objetivo de ser competitivo en un mundo global, exige que sus organizaciones busquen la excelencia en las actividades de forma continua, sin ignorar las fortalezas y debilidades de los competidores. Conscientes que hay que superar factores endógenos y exógenos, asumiendo en plenitud los paradigmas de la sociedad y la economía del conocimiento. Este es el auténtico desafio para mantener y desarrollar el estado de bienestar. Un desafío muy alejado a las políticas encaminadas a reducir el salario de los trabajadores, algo más propio de los que desprecian el capital humano y no han entendido que este es la clave para construir el futuro.

Antoni Garrell i Guiu

18.08.2013

Artículo publicado en Economía Digital