El pasado fin de semana, entre documentos pendientes de leer, encontré The Democracy Index 2018. El cual clasifica a 167 países según 60 indicadores considerando cinco categorías: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política democrática y las libertades Civiles. En él se indicaba que menos del 5% de la población mundial vive en un estado con “democracia plena” y situaba el estado español en la posición 19 del índice. Si nos atenemos al hecho que muchas son las voces que públicamente cuestionan que el Estado tenga pautas de comportamiento plenamente democrático, sorprende que en un ranking prestigioso encabezado por Noruega, seguido de Islandia, Suecia, Nueva Zelanda y Dinamarca, España forme parte de las 20 democracias plenas del planeta. Probablemente esa percepción discordante con el informe se nasa en una doble razón: la omnipresente desigualdad y las evidentes tensiones políticas.
El primer motivo, desigualdad, se debe a la situación creada por la devaluación interna, como mecanismo para superar la crisis económica global del 2007, que ha comportado bajos salarios configurado una evidente desigualdad, la diferencia entre el 20% de los asalariados que más ganan y el 20% que menos lo hacen es de 6,5 veces. Una actuación que, si bien ayudó a remontar la crisis en un primer momento, se ha convertido en crónica al no ir acompañada de un cambio de modelo productivo y de las inversiones requeridas para aumentar la productividad. Una productividad inferior a la de los países homólogos y que frena la competitividad.
En cuanto al segundo motivo, tensiones políticas que impiden grandes acuerdos y políticas a largo plazo, tienen su origen en la divergente mayoría conformada para desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa y en las tensiones territoriales entre las diversas nacionalidades y regiones que configuran el Estado español. Una situación compleja que, con toda probabilidad, incrementará su complejidad con la toma de posesión del nuevo ejecutivo andaluz formado por partidos que comparten una posición radical frente la voluntad independentista de una parte significativa de los catalanes.
La reversión de la desigualdad obliga a variar las políticas económicas e industriales con la finalidad de impulsar un modelo productivo basado en las oportunidades de la sociedad y la economía 4.0, lo que conlleva trabajos estables y bien retribuidos. Actuaciones, políticas que requieren tiempo y la implicación simbiótica de las Administraciones, las empresas y los sindicatos en un clima de confianza y compromiso social.
Ahora bien, disminuir la tensión política, dentro de su complejidad, requiere periodos de tiempo más cortos en un contexto de democracia plena. De hecho, en Estados con democracia plena se prima la transparencia, se reconocen los problemas y las realidades diversas. Es en este contexto, de reconocer realidades, que nada justifica no reconocer que en Catalunya ni el independentismo ni el autonomismo tiene mayoría social y que sólo con dialogo no excluyente surgirán las requeridas soluciones. Creo que, si este hecho fuese reconocido explícitamente por el gobierno español, también por la Generalitat, se daría un paso importante para avanzar en positivo, al igual que ayudaría enormemente posibilitar que los miembros del anterior gobierno, diputados y líderes de organizaciones civiles catalanas en prisión, pendientes de juicio, pudiesen afrontarlo en libertad.
Antoni Garrell i Guiu
14 de enero de 2019
Versió en Català. publicat a elnaciódigital el 24 de gener 2019
