“El pasado día 25 de mayo las elecciones al Parlamento Europeo, confirmaron las tendencias que avanzaba el eurobarómetro de 2013 que indicaban que el 55 % de los europeos desconfiaban de la UE.”

El próximo parlamento tendrá un significativo número de escaños ocupados por diputados pertenecientes a fuerzas políticas que son, abiertamente, no partidarias de la Unión, o que la ven a como la responsable de todos los males.

Euroescépticos, populistas o partidos de extrema derecha se han impuesto en el Reino Unido, Francia y Dinamarca y han crecido en varios países. La vieja Europa, la de las divisiones, la que convirtió dos guerras europeas en guerras mundiales, ha recuperado fuerza y ??puede reunir aproximadamente un 13 % de los diputados. Un porcentaje que llega al 30%, si se consideran aquellos diputados pertenecientes a fuerzas políticas, que expresan abiertamente el descontento hacia las políticas que se han impuesto desde Bruselas.

Las elecciones nos han dejado una Unión con dificultades de gobernanza, fruto del profundo descontento de a ciudadanía hacia sus gobiernos y Bruselas por no saber leer anticipadamente los deseos y motivaciones de los ciudadanos, la enorme distancia entre les élites políticas y económicas y la ciudadanía.

Probablemente porque desde los propios gobiernos justifican sus actuaciones como mandatos de Bruselas y la señalaban indirectamente como la causa de todos los males, obviando los enormes aspectos positivos que conlleva la Unión, gracias a los fondos europeos y la apertura de los mercados internos.

El resultado de las elecciones no sólo tendrá repercusiones a nivel europeo, también ha cambiado el escenario político de algunos de los 28 países de la Unión y condicionará las actuaciones. Entre ellos, sin duda, está España donde el surgimiento de nuevas fuerzas políticas y los retroceso en más de 5 millones de votos del PP y el PSOE, la suma de los dos no llega al 50 %, tendrá efectos enormes y dibuja un escenario postelecciones municipales muy complejas. Asumirlo y actuar en consecuencia, se convierte en una obligación ineludible

No dudo que hace meses que el rey decidió abdicar, pero tengo el convencimiento que, con independencia de no descartar graves problemas de salud, el proceso se ha acelerado fruto de la dimisión de Rubalcaba, los problemas territoriales, la determinación catalana en la consulta del 9N y que se vislumbran en el futuro modificaciones significativas de los equilibrios de fuerzas políticas. Y también por la pobreza creciente en muchos hogares del Estado –a pesar de la importante mejora a nivel macroeconómico que dibuja significativas mejoras en la economía ciudadana a partir del 2016–, la enorme indignación ciudadana por los casos de corrupción y el deterioro creciente del prestigio de la Corona.

Son todo un conjunto de situaciones complejas y entrelazadas que, con probabilidad, han hecho aflorar “el instinto de lince de Juan Carlos I”, (que explica Pilar Urbano en su libro La Gran desmemoria), “que le permite conocer a los hombres al primer golpe de vista y proveer los hechos con antelación”. Si el rey quería preservar la monarquía, y facilitar el traspaso de la corona, el momento era ahora o difícilmente sería posible a futuro.

Una nueva situación a nivel español que obligará a hacer “política” y buscar pactos y consensos y que no puede cerrase en falso. El futuro rey Felipe VI necesita legitimarse. Si bien las leyes le darán la legitimidad, esa surge de la ciudadanía y el futuro rey, en las actuales circunstancias, necesita con urgencia esa nueva legitimidad. Una legitimidad que exigirá una reforma constitucional para adecuarse a las nuevas realidades sociales, una democracia más directa y más participativa y no ignorar los problemas territoriales del Estado.

Con independencia del resultado final, república o monarquía, la necesidad de relegitimarse que tiene la Corona, ante una opinión pública que exige cambios reales, creo que la abdicación del Rey abre una nueva oportunidad, ya que aunque el rey no mande si puede influir.

Por ello me gustaría entender que se reabrirá el proceso para modificar la Constitución y encauzar la solución de los problemas asociados a las legítimas aspiraciones de los ciudadanos de una España plural y a las aspiraciones de expresarse democráticamente sobre el futuro del modelo de Estado y el derecho de autodeterminación de los pueblos.

Se trata de un cambió que debe hacerse en el marco pacífico, de legalidad democrática. Debe ser un nuevo proceso de futuro, en el marco de la Unión Europea, que además en el caso de Catalunya, debería facilitar la consulta, la cual no tiene marcha atrás y además sería una buena ocasión para reparar las consecuencias de los Decretos de Nueva Planta, que se aplicaron a la Corona de Aragón en 1707 a Aragón y Valencia, 1715 en Mallorca, y en 1716 a Cataluña.

Hoy con el proceso de cambio del jefe del Estado se ha abierto una segunda transición, guste o no, y ésta exigirá serenidad y voluntad de consenso para anticiparse a los problemas de futuro. Un periodo que no debería estropear la incipiente recuperación económica que se vislumbra, ya que en ella está el futuro de más de una generación.

Antoni Garrell i Guiu

3.06.2014

Article publicat a Economia Digital