La campaña electoral, después de semanas de precampaña, se ha puesto en marcha sumergida en un entorno socioeconómico que genera unos enormes costes sociales, los cuales parecen ser ignorados por los datos macroeconómicos y la economía oficial. El análisis y diagnosis de la situación y los problemas a resolver son coincidentes para las diferentes fuerzas políticas y organizaciones sociales, si bien las divergencias en como afrontarlos son notorias, a pesar de que la mayoría reconoce que el grado de independencia y de maniobra es más bien escaso. Los programas electorales han sido presentados y están disponibles en los webs respectivos, aunque solamente los titulares llegan con nitidez a una ciudadanía que aguarda las propuestas y las soluciones, las cuales despierten la fuerza colectiva para afrontar un futuro cada vez más complejo e incierto.
Una resignada espera no exenta de cansancio e indignación hacia un gobierno, del PSOE, que instalado en la demagogia se ha manifestado incompetente en la gestión de la crisis; y también hacia el PP por su actitud en una legislatura, alargada en exceso, en la que ha huido de la critica constructiva; es decir aquella que aporta soluciones, la que antepone a los ciudadanos a la legitima ambición de acceder al poder. Y por otro lado, con los agentes financieros que actúan como auténticos depredadores, en unos mercados desregularizados, controlando las finanzas internacionales sin limitaciones ni barreras, y con una capacidad de maniobra y poder que supera al de los Estados soberanos y a la propia Unión Europea.
Cansancio e indignación sumergida en una incertidumbre que no cesa de crecer, y que en los últimos días de octubre y noviembre vieron como se incrementaba por circunstancias internas y externas. Los resultados del tercer trimestre, los hechos acontecidos en octubre, y los previsibles de noviembre ponen en evidencia la grave situación que acompaña a las elecciones. El tercer trimestre del año se cerró con la economía española estancada, crecimiento nulo de julio a septiembre y con una tasa interanual del 0,7%; con la disminución de las posibilidades de crédito a las familias y a las empresas por la exigencia de recapitalización de la banca española, según los primeros cálculos, unos 26.000 millones; y con la demanda interna en retroceso, disminuyó un 0,8% en el tercer trimestre. Con estas cifras, como era de esperar, el paro se ha incremento nuevamente, alcanzado a final de septiembre un vergonzante 22,6 %, siendo España el país con mayor nivel de paro de la eurozona, que en su conjunto se situó en el 10,2%, algo superior al conjunto de la UE. Un paro que afecta gravemente a los jóvenes, a excepción de Austria que se reduce al 7,1% y Holanda con el 8%. Unas cifras que ponen en evidencia la mala gestión española, ya que el paro de los jóvenes alcanza el 48%.
Las elecciones llegan con ese escenario, y con un bajo nivel de confianza hacia la honestidad de los políticos, Así se visualizó en las acampadas de primavera que mandaron un mensaje que, en mi opinión, deberíamos tener presente y que nos tendría que agitar las conciencias, recordándonos que no hemos hecho bien las cosas, y que tenemos la obligación irrenunciable de cambiar las tendencias. ¿O es qué alguien puede estar satisfecho de las actuaciones efectuadas y del modelo de desarrollo aplicado al constatar que vamos camino del 25% de paro?, que los jóvenes sin trabajo llegan al inadmisible 48%; que se destruyen puestos de trabajo por falta de actividad o de crédito; que los salarios medianos se sitúan por debajo de las exigencias de renta disponible de acuerdo con los precios de los bienes indispensables, un hecho que comporta que la edad de emancipación se sitúe por encima de los 30 años, cuando al norte de Europa no supera los 25. ¿Podemos estar satisfechos que se haya gastado por encima de las posibilidades?. Nos hemos endeudado excesivamente con unos créditos que reportan unos intereses que ahogan el presente y que su devolución hipoteca el futuro de las próximas generaciones. Un endeudamiento exagerado tanto a escala particular como en el ámbito público. Hay que recordar que en los presupuestos del la Generalitat de Cataluña del 2011, las únicas partidas que crecen son las correspondientes a los intereses financieros por la Deuda y que el importe de los intereses es superior al presupuesto de algunas consejerías.
La formación política que obtenga el apoyo ciudadano para formar gobierno en las próximas elecciones del 20N, debe tener presente ese escenario, y debería iniciar su andadura en los plazos mínimos para poner fin a la interinidad que desde hace meses está instalado el gobierno español, no así el catalán. Se encontrará, en primer lugar, condicionado por unos mercados financieros que han alcanzado posiciones privilegiadas, como consecuencia, tanto porque los gobiernos han gastado excesivamente en inversiones o actuaciones innecesarias, sin aportación de valor, y decididas sin la trasparencia a la que debe ser sometida la administración publica; como por haber empleado miles de millones en ayudar a las entidades financieras arrastradas por la crisis financiera mundial que estalló en 2007, una ayuda requerida ya que la quiebra de un banco o Caja no es como el de otra empresa, su quiebra afecta seriamente a la sociedad en sentido amplio y a la confianza global sobre el sistema financiero, base de la actividad productiva. Y en segundo lugar también condicionado por una parte de la ciudadanía que no entiende como se ha llegado a un endeudamiento, que origina que algunos paises estén al borde de la suspensión de pagos y necesiten ser rescatados para evitarla. Unos rescates que afectan a todos los países de la Eurozona, en mayor o menor grado, y que obligan a políticas de ajuste presupuestarios que comportan reducción de inversiones, recortes sociales, falta de crédito, más paro y menos renta disponible.
En ese escenario las alternativas son pocas, y las líneas de actuación a nivel del Estado español se conocen: disminuir el volumen de endeudamiento; sustituir la demanda pública por la privada y la interior por la exterior; desarrollar un modelo productivo con bajo apalancamiento, puesto que los bancos requieren años para devolver los créditos al exterior por las serias dificultades de renovación; dar salida a un sector inmobiliario con más de 800.000 viviendas por vender, mientras la emancipación de los jóvenes se convierte en una tarea imposible; desarrollar un modelo industrial ajustado a la economía del conocimiento, es decir que combina industrias intensivas en conocimiento e industrias intensivas en mano de obra; y mejorar la dotación del capital humano para recuperar la ocupabilidad de los parados y garantizar la de los activos. Unas líneas de actuación que deberán desarrollarse paralelamente -a menos que la eurozona se desplome a raíz de los problemas de Grecia y sus implicaciones en el resto de países, (un hecho no probable, ya que todo el mundo tiene mucho en juego, pero no por ello imposible), con una mayor cesión de competencias de los Estados a Bruselas para incrementar la coordinación económica de la Unión, la cual comportaría sustituir la política de los Estados actual por la política de la Unión. Para ello se deberá avanzar en una mayor supervisión de los proyectos de los presupuestos de los Estados miembros, un incremento del control del déficit, y finalmente en una harmonización fiscal.
Por todo ello en los próximos meses el gobierno electo, asumiendo los retos asociados a la actual problemática y sin rehuir de la responsabilidad, debería, a mi entender, sumar esfuerzos, evitar confrontaciones, sin dejar de tomar decisiones, y centrar sus actuaciones por un lado, en mantener las políticas que garanticen la universalidad de la sanidad, la educación, y el poder adquisitivo de las pensiones, y por otro en desplegar su acción de gobierno en tres ejes: el primero es dinamización la económica y la creación de empleo; el segundo incrementar la dotación del capital humano; y el tercero ajustar la administración pública y establecer un nuevo modelo de ordenación territorial y gobierno.
Para la creación de empleo es preciso recuperar la estabilidad económica, efectuando las reformas estructurales precisas tales como ajustar la regulación laboral para facilitar la inclusión de los jóvenes a las empresas, e incentivar el trabajo a tiempo parcial, para repartir el trabajo, y a la vez posibilitar la jubilación no plena, -combinar jubilación y trabajo-, con la finalidad de no perder talento y traspasar conocimiento a los recién incorporados; usar el ICO como banca pública, apoyado por las oficinas de las Cajas intervenidas para posibilitar vehicular la demanda de crédito que no es atendida por la banca privada (un crédito que si crece para las administraciones y decrece para las familias y empresas, las cuales ha disminuido en 36.000 millones en el último año); y establecer mecanismos para que los resultados de investigación desarrollada con recursos públicos lleguen a las empresas, otorgándoles valor diferencial a sus productos y mayor competitividad en los mercados globales.
El segundo eje de actuación encuadrará el incremento de la dotación del capital humano de los activos y parados. Nuevos métodos y procedimientos que afectarán no solamente a formación reglada en las escuelas, institutos y universidades, siendo requerido ajustar el modelo a las exigencias del futuro mercado de trabajo, potenciando la formación profesional, también los centros de trabajo se deberán sumar a ese proceso para hacer compatible trabajo y formación, sin olvidar convertir los periodos de paro en periodos de formación. Es momento de menos inversiones en infraestructuras no básicas y más de inversión en formación y en I+D+i.
En cuanto al tercer eje, las administraciones públicas se verán abocadas a un severo plan de austeridad con la finalidad de controlar eficazmente el gasto, será prioritario eliminar prebendas, duplicidades y niveles. Una reducción que deberá encuadrarse en el marco de la reciente modificación de la Constitución y que afectará por igual a la Administración central del Estado, a las administraciones autonómicas y a las locales. Todo ello planteando y resolviendo con valentía, y sin dilación, el modelo territorial y las trasferencias financieras entre las autonomías, ya que sin una profunda revisión y sin aceptar las realidades plurinacionales, los encajes serán imposibles y las tensiones no cesarán. El nuevo gobierno no puede ignorar ni dilatar el reconocimiento de las nacionalidades que configuran España. El concurso de todos se requiere ahora más que nunca; evitar tensiones territoriales es uno de los retos a asumir sin demagogia por parte del gobierno estatal, y a la vez aceptar e involucrarse en la gobernación del Estado es una responsabilidad a asumir en democracia por las nacionalidades históricas. La clave de todo ello estará en como el gobierno administre su mayoría, y es deseable, y en mi opinión plausible, que la gestione con criterios incluyentes y no excluyentes. Las Circunstancias lo obligan.
Los ciudadanos lo sabemos, “las cosas no van bien”, ya que directa o indirectamente la mayoría sufrimos las consecuencias de la crisis y el desanimo generalizado. El 20N se inicia una nueva etapa en la que gane quien gane, se debe poner fin a la improvisación y la interinidad y trazar con acierto las políticas de futuro. Por ello es momento de ser altamente creativo, de apartar el miedo al error, de huir de los patrones de comportamiento que nos llevan a actuar según las viejas experiencias adquiridas en entornos radicalmente diferentes. Es momento de aceptar y explorar las ideas que antes rechazábamos, ya que ahora pueden ser las ideas claves. La complejidad del entorno requiere pensar, proponer y actuar. Pensar entendiendo la realidad actual pero sin dejar de mirar el futuro; proponer superando los límites individuales, buscando la cooperación y la heterogeneidad; y actuar aplicando determinación, convicción, esfuerzo y talento. Confiemos que el nuevo gobierno lo asuma.
Antoni Garrell i Guiu
31 de octubre de 2011.
